El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció de forma temporal un “sistema de emergencia para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía”. Además el personal judicial trabajará en forma presencial y aseguraron que las bases de datos back-up “están intactas”.

“Ante el ciberataque que sufrió la infraestructura tecnológica del Poder Judicial de Córdoba el sábado último, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció un sistema de emergencia para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, especialmente, de las personas en condición de vulnerabilidad”, anunció la Justicia provincial este lunes.

A través de un comunicado se explicó que “el ataque ha comprometido la disponibilidad de los servicios informáticos”, por lo cual se resolvió “suspender provisoriamente la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales”, y que las presentaciones se efectúen en papel.

El “Plan de Contingencia”, establecido a través del Acuerdo Reglamentario 1778, contempla un restablecimiento gradual y progresivo de los servicios y sistemas electrónicos del Poder Judicial de la provincia “a partir del 16 de agosto”. También se declaró “inhábiles a los fines procesales y administrativos” los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2022 “para las causas ya iniciadas y que actualmente se tramitan electrónicamente, salvo los actos válidamente cumplidos”. No obstante, la resolución precisa que el personal judicial prestará servicio en forma presencial.

El TSJ aclaró que las audiencias y actos procesales fijados para los días 16, 17, 18 y 19 de agosto se realizarán en la forma prevista, “salvo que el juez o el fiscal interviniente resuelvan lo contrario”. En este marco, también se prorrogaron las medidas cautelares vencidas al 13 de agosto de 2022 y a vencerse desde esa fecha y hasta el 19 de agosto de 2022 en el fuero de violencia de género y familiar.

Luego del hackeo del pasado sábado, el titular del TSJ, Sebastián López Peña, dio una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia en la que aseguró que “el sistema de justicia de emergencia está asegurado”.

“Todas las bases de datos que sirven para realizar el back-up de la información que pueda ser atacada está intacta”, aclaró López Peña, quien explicó que el Poder Judicial de Córdoba tiene “un triple espejo de back-up”, con lo cual la información se guarda “en tres lugares distintos”. De esta forma, “si se afecta uno los otros sirven para poder realizar, luego, una restauración del sistema hacia el estado en que se encontraba en el momento del ataque”, agregó.

La Fiscalía de Cibercrimen intervino en la causa luego de la denuncia penal realizada tras el hackeo. Franco Pilnik, el fiscal que investiga el caso, decretó el domingo el secreto de sumario. No obstante, fuentes judiciales manifestaron en declaraciones al portal Cba24 que podría ser “el peor ataque en la historia a instituciones públicas”. Mientras que personas vinculadas a la operatividad informática de los sistemas que usa el Poder Judicial y que fueron consultadas por La Voz del Interior aseguraron que el ataque que afectó al Poder Judicial es “generalizado y de grandes dimensiones”.

“Según se pudo conocer, un malware tipo ransomware (virus informáticos que realizan secuestro de datos) afectó a las bases de datos. Aún no se recibió, como ocurre en estos casos, un pedido de dinero ni se conocieron filtraciones públicas de los datos comprometidos”, detalló una fuentes consultadas por el medio cordobés.

Fuentes consultadas por Infobae advirtieron que el ataque afectó a todo el sistema judicial menos al Ministerio Público Fiscal, que tiene su propio sistema. “Todo lo que es justicia penal funciona igual”, aclararon.

Fuente: Infobae