Durante el juicio, el fiscal Fernando López Villagra había solicitado una pena de 20 años de prisión, fundamentando su pedido en la existencia de pruebas y testimonios que demostraban la culpabilidad de Concha en los hechos.

Sin embargo, el abogado querellante, Carlos Nayi, insistió en la necesidad de una condena a perpetua, la cual finalmente fue aceptada por el tribunal.

En su último alegato, López Villagra detalló incidentes en los que Concha habría sometido a Luana Ludueña a situaciones de abuso y acoso, aprovechándose de la admiración que la joven sentía hacia él como figura de autoridad en Defensa Civil. Entre los testimonios, se mencionó un episodio en el que Concha llevó a la víctima a un hotel de alojamiento en Carlos Paz, donde la habría agredido sexualmente.

Durante el proceso judicial, Concha también fue señalado por episodios de violencia de género en su relación con su expareja, lo que añadió complejidad al caso. A pesar de que el fiscal no solicitó la imputación por femicidio, los jueces enmarcaron el crimen dentro de la violencia institucional, destacando el abuso de poder ejercido por Concha.

Antes de que los jurados deliberen, Diego Concha hizo uso de su derecho a la última palabra, rechazando las acusaciones en su contra y negando su pertenencia a lo que denominó «círculo rojo». Sin embargo, su declaración no convenció al jurado ni a los jueces, quienes consideraron probada su responsabilidad en el crimen.