Lo que eran versiones finalmente se confirmó: el Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un giro institucional, operativo y político sin precedentes.

A través del Decreto Delegado 462/25, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del martes 8 de julio, se estableció el fin de su carácter autárquico y de su conducción colegiada, transformándolo en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

A partir de ahora, el INTA estará dirigido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, asistido por un Consejo Técnico ad honorem, que conservará la representación del sector productivo, pero excluye a las universidades de agronomía y veterinaria que históricamente integraban el cuerpo directivo. Esta exclusión generó rechazo entre algunas entidades agropecuarias y sectores académicos que defienden el rol federal y plural del organismo.

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la decisión responde a la necesidad de reducir una estructura que considera sobredimensionada, ineficiente y alejada de las necesidades reales del agro argentino.

“En abril de 2025, el INTA contaba con más de 6.000 empleados, casi mil cargos jerárquicos, 2.400 vehículos, 1.600 celulares y 450 sedes en todo el país”, detalló el funcionario, al tiempo que subrayó que el presupuesto anual del organismo ronda los $224.000 millones, pero recibe más de $411.000 millones de asignaciones, lo que representa casi la mitad de lo recaudado en retenciones al maíz.

Una de las aristas más controvertidas del anuncio es la posible venta o reutilización de las más de 110.000 hectáreas que posee el organismo, de las cuales, según el Gobierno, menos de la mitad está en uso con fines experimentales. “En muchas de esas tierras hay irregularidades, como viviendas usurpadas, bienes no inventariados, donaciones no registradas y gastos sin documentación”, apuntó Sturzenegger citando informes de la SIGEN de 2023.

Además, el ministro criticó el rumbo científico que, según él, había adoptado el organismo en los últimos años: “El INTA perdió su norte estratégico y se dedicó a investigar cuestiones sociológicas antes que productivas”, señaló, en alusión a proyectos sobre género, identidad cultural y dinámicas sociales en el ámbito rural. Entre ellos mencionó estudios como “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia” o “Comidas del pueblo wichi”.

Pese a las críticas, el ministro aseguró que se mantendrán las capacidades técnicas y de investigación, y que la nueva orientación buscará reencauzar al INTA hacia su misión original: la generación de tecnología e innovación para el sector agroindustrial. La estrategia contempla una mayor vinculación con el sector privado y posibles esquemas de cofinanciamiento.

En el campo, las reacciones fueron dispares. Si bien algunas entidades valoraron la intención de modernizar y hacer más eficiente al organismo, otras advirtieron que la eliminación de la autarquía y la pérdida de representatividad académica podrían afectar la credibilidad y la solidez técnica del INTA, un actor clave en la historia del desarrollo agrícola argentino.

El futuro de las agencias de extensión rural, que funcionan como nexo entre los productores y el conocimiento técnico, aún es incierto. ¿Continuarán operando en todo el país? ¿Qué pasará con las estaciones experimentales? ¿Y con la formación técnica local?

El debate sobre el nuevo INTA recién comienza, pero el Gobierno ya dejó en claro que la etapa anterior quedó atrás.

Con el nuevo decreto, apuesta por una institución más chica, más controlada y más enfocada en resultados tangibles para el agro.