La Policía de Córdoba vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el escándalo golpea de lleno a la Patrulla Aérea, una de las áreas más estratégicas de la institución.

Una investigación interna reveló un presunto entramado de corrupción que incluye cobros ilegales, formación inaccesible, desplazamientos arbitrarios y una operatividad prácticamente nula de los helicópteros oficiales.

El detonante fue la denuncia de un sistema paralelo de pagos: los aspirantes a ingresar a la unidad debían abonar hasta un millón de pesos mensuales, dinero que luego era “blanqueado” como suplementos salariales.

Además, para poder volar, se exigía una costosa formación privada en Alta Gracia, donde una hora de vuelo cuesta 1.000 dólares. Con un mínimo de 100 horas necesarias, el costo total alcanzaba los 100 mil dólares.

El acceso, además, era discriminatorio: los cursos estaban restringidos exclusivamente a oficiales, dejando fuera a suboficiales experimentados, muchos de los cuales fueron apartados por no convalidar el sistema.

Tras la asunción del nuevo ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fueron pasados a situación pasiva los jefes de la unidad: el comisario inspector Pablo Pérez y el oficial principal Rodrigo Montivero. También se desplazó a otros efectivos formados, entre ellos el comisario piloto Pablo López y cinco sargentos con trayectoria comprobada.

Actualmente, según fuentes internas, la unidad solo cuenta con un piloto operativo: Daniel Ríos, un capitán retirado de la Fuerza Aérea contratado por la gestión anterior.

Se estima que, por normativa aérea, un solo piloto no puede operar más de cuatro horas diarias, lo que deja prácticamente inactiva a la patrulla. Los helicópteros Ranger 1 y 2 estarían varados en un hangar alquilado, con costos elevados en dólares y sin el mantenimiento técnico reglamentario.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial relativizaron la situación y defendieron la decisión de quitarle la autonomía a la Policía en lo que respecta a la asignación de vuelos.

El caso ya es investigado por el Tribunal de Conducta Policial. Las denuncias apuntan directamente a la anterior cúpula policial y al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera. La unidad aérea, creada para brindar apoyo y protección desde el aire, hoy está en tierra, con escasos recursos humanos y bajo graves sospechas de irregularidades.