Con una inversión de $109 mil millones, la unidad penitenciaria contará con 448 celdas y un sistema de seguridad de última generación. La estructura, ubicada en las adyacencias del Complejo Carcelario N° 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer, ya presenta un 80% de avance en su construcción. Contará con ingresos, egresos, perímetros y controles independientes del resto de los módulos carcelarios existentes.

"Nada se puede hacer para que viva en paz una comunidad sin garantizar seguridad. Por eso nuestro compromiso tiene que ser que el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente", sostuvo el gobernador Llaryora durante la presentación.

Medidas de seguridad y tecnología avanzada

El CEMAX contará con tecnología de vanguardia, incluyendo cámaras con inteligencia artificial, scanners de alta seguridad y sistemas de radar perimetral para detectar movimientos no autorizados. Además, se instalarán inhibidores de señal telefónica y un sistema de detección de drones para evitar el ingreso de elementos prohibidos.

Entre otras medidas de seguridad, se implementará el uso de uniformes para los internos y se establecerá un estricto régimen de visitas cada 15 días, con prohibición del ingreso de provisiones externas.

Nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA)

Además del CEMAX, el gobernador anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) en el mismo complejo carcelario de Bouwer. Este establecimiento tendrá capacidad para 500 personas y una inversión de $15.000 millones.

La UCA contará con instalaciones y sistemas de control independientes del resto del complejo penitenciario, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar un espacio adecuado para los detenidos en espera de definiciones judiciales.

Reclamo por una cárcel federal en Córdoba

Durante el anuncio, Llaryora solicitó al Gobierno Nacional la construcción de una cárcel federal en Córdoba para alojar a los presos con condenas federales, quienes actualmente ocupan plazas en los establecimientos provinciales. También presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que se bloqueen señales de telecomunicaciones en las cárceles provinciales, evitando así la utilización de dispositivos no autorizados por parte de los reclusos.

El anuncio contó con la presencia de diversas autoridades provinciales, judiciales y de seguridad, incluyendo al ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el Fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado.